“Con un Poder Judicial cooptado por el Gobierno y un ministerio de Seguridad que no puede con el delito simple, menos podrá con el narcomenudeo”

“Estamos a favor de la lucha contra la droga en todos sus conceptos. Quien no puede lo menos difícilmente pueda lo más. La persona que no puede hoy o el organismo que no puede combatir los delitos comunes, hurtos, robos, asesinatos, difícilmente pueda como están hoy las estructuras e instituciones abordar una lucha certera y seria contra el narcomenudeo”, expresó el jefe del bloque poggista, Gastón Hissa al fijar la posición.

La Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes que permite a la Justicia provincial investigar y juzgar los casos de narcomenudeo que están bajo la órbita de la Justicia federal fue aprobada hoy por mayoría por la Cámara de Diputados.

“Como vamos a poner la lucha contra la droga en manos del ministro de Seguridad (Luciano Anastasi) que se ha comprobado que es ineficiente y no tiene idoneidad. Le estamos dando un cheque en blanco, la verdad no me parece”, dijo Marisa Patafio (Unidos por San Luis-Avanzar).

A través de la norma que pasó al Ejecutivo para la promulgación, la Provincia adhiere a leyes nacionales, se introdujeron reformas a la Ley Orgánica de Administración de Justicia y se creó el Fuero de Lucha contra el Narcomenudeo conformado por un Foro de Jueces, una Oficina de Gestión Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio de la Defensa.

Desde Unidos por San Luis se cuestionó el otorgamiento al Superior Tribunal de Justicia de atribuciones para “la designación de los funcionarios provisorios y el dictado de acordadas” para la puesta en marcha y funcionamiento del Fuero de Lucha Contra el Narcomenudeo. Es decir se conceden facultades para nombramientos a dedo y sin acreditar idoneidad.

“Tal cual están las instituciones en San Luis hoy con un Poder judicial totalmente cooptado por el Poder Ejecutivo, inmiscuyéndose en todas las designaciones, siendo totalmente subjetivo, es muy difícil la creación de un fuero de  narcomenudeo que prevé la incorporación de 17 funcionarios judiciales en las tres circunscripciones que serán designados de manera provisoria”, señalaron Hissa y Patafio.

“No queremos más droga en los barrios de la provincia, que nuestros pibes se intoxiquen y que muchas veces los lleven a delinquir para conseguir la sustancia a la cual se han hecho adictos. No vamos a votar en contra, pero dejamos en claro que no estamos de acuerdo en la forma improvisada en la cual se quiere implementar”, manifestó el legislador. El bloque se abstuvo.

“Tenemos un debilitamiento institucional muy profundo, grave, que no permite el anhelo de darle batalla a la droga… vemos que se va a profundizar, corromper más el tejido social porque se le van a dar más facultades a quienes hoy no cumplen con las competencias básicas”, advirtió y dijo que eso es “una herramienta que puede ser útil en algún momento cuando se puedan subsanar los vicios que existen actualmente en las instituciones y corregir la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.

En cada circunscripción actuarán tres jueces penales integrantes del Foro de Jueces, dos Fiscalías y una Defensoría Penal.

El artículo dos contempla que “el Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia” y prevé que “hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación”.

La ley entrará en vigencia el 1º de enero de 2023. De todos modos, el artículo Nº 11 aclara que “la implementación se hará efectiva cuando exista una estructura mínima de actuación…”.